FE RESUELTA 98 NOVIEMBRE DE 2012

FE RESUELTA 98 NOVIEMBRE DE 2012 MOVIMIENTO NACIONAL SINDICALISTA CHILE CORPORATIVISMO CHILENO En Chile existe un nacionalismo patriótico y social que tiene expresión en militares en retiro, tradicionalistas y corporativistas que asumen una originalidad en sus planteamientos y propuestas. El corporativismo es una doctrina que define formas y estructuras para la convivencia nacional, de acuerdo a la teoría de funciones sociales, que se proyectan a la nación y al estado. El corporativismo es la institucionalización de las funciones que se realizan en la sociedad y en el estado. Unos definen a la institucionalidad del estado como superestructura de la organización social y política de la nación. Es un corporativismo de naturaleza fascista. También se conoce como corporativismo integral. Otros, definen la organización social como propia de la nación, con sus características de independencia, autonomía y participación de los cuerpos sociales en la institucionalidad del estado. Este es un corporativismo propio de la hispanidad que es por naturaleza antiliberal. Algunos autores proclaman un corporativismo mixto con cámaras políticas y cámaras sociales. El corporativismo chileno tiene un historial no especificado que arranca de los inicios de la Colonia y que tiene gran desarrollo en el siglo XX. Se trata del poder político y del poder social. El poder político en la Colonia residía en la Corona Española. El poder social se expresaba a través de los Cabildos, las universidades, la iglesia y el ejército, que en Chile tenía mayor influencia que en otras colonias, por la movilización mapuche en defensa de sus territorios, de su pueblo y de su cultura. A principios de los años veinte surgen prédicas de profesionales, políticos y militares que proponen la institucionalidad del estado para resolver problemas sociales. Se trata fundamentalmente de la Unión Social Republicana que, entre 1925 y 1930, participó en la acción pública creando, entre otros organismos del estado, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, leyes laborales, previsionales, de vivienda y de educación, los Tribunales del Trabajo y la organización corporativa de los trabajadores. El corporativismo, para ellos, es la garantía del fortalecimiento y desarrollo de la nación chilena. La recesión económica mundial de los años 29 y 30 del siglo pasado derivó en un colapso de la economía, las finanzas, el empleo y las condiciones de vida de pueblos, naciones y estados. En Chile, a partir de 1931, se debilita el poder político de los cuerpos militares que había surgido en los años veinte, producto del fracaso del parlamentarismo liberal impuesto después de la guerra civil de 1891 que sacó del gobierno al Presidente José Manuel Balmaceda Fernández. La caída del gobierno del General Carlos Ibáñez del Campo genera una disputa por el liderazgo militar. Entonces surgen doctrinas que pretenden llenar el vacío político: nacionalismo corporativo e ibañismo. El ibañismo tiene desde sus inicios un carácter nacional y popular. Tuvo como partidos a la Alianza Popular Libertadora de Tobías Barros y al Partido Agrario Laborista que estuvo encabezado por el Senador Guillermo Izquierdo Araya. El General Carlos Ibáñez del Campo volvió a gobernar a Chile entre 1952 y 1958. Después ha seguido teniendo vigencia en la política chilena. Ambas corrientes son seguidas por personeros de los cuerpos armados que aspiran a un nuevo orden político, con disciplina social, cultivo de un fuerte nacionalismo y desarrollo de las potencialidades productivas y guerreras de la nación, que derivaron a un autoritarismo presidencial, predicado más tarde por revistas, grupos, movimientos y partidos nacionalistas. El General Francisco Javier Díaz Valderrama, junto a Aquiles Vergara Vicuña, Jorge Worman Infante, Hernán Puelma Francini, Eduardo Pérez Vicuña, Carlos Rozas Cruzat, Álvaro Reyes Pérez y Carlos Jiménez Torrealba, formaron en 1932 Acción Nacionalista. Planteaba restituir la nacionalidad quebrantada por los antagonismos políticos y se declaraba anticapitalista y anticomunista. Díaz Valderrama tradujo al castellano y publicó los principales libros del nazismo. Esto ocurrió antes que el nacionalsocialismo de Alemania llegara al poder. Además se puede señalar al Frente Nacional Chileno, un movimiento, bien articulado con el pensamiento corporativo, que fue seguido por generales del ejército, incluido el General Díaz Valderrama. Un dirigente importante de este frente nacionalista corporativo fue el General Carlos Vergara Montero, ex Ministro de Guerra en 1931, después de la caída del gobierno de Ibáñez, quien a principios de los años 1940 luchaba por la disolución de las instituciones políticas vigentes y por el anticomunismo. También fue miembro de la triple A. Importante labor realizó la Asociación de Amigos de Alemania, AAA, formada por militares en retiro. La AAA fue dirigida por el General Arturo Ahumada Bascuñán y estuvo acusada de realizar espionaje para Alemania. También fue corporativista el General Juan Pablo Bennet Argandoña. Militó en Unión Republicana que en 1939 derivó a la Acción Republicana. El corporativismo nacionalista se constituyó en una nueva relación cívico militar. Cuatro partidos y movimientos civiles, de carácter corporativo, se formaron entre 1932 y 1935. El Partido Social Sindicalista de Clotario Blest Riffo en 1932. El Movimiento Nacional Socialista de Jorge González von Mareés y Carlos Keller en 1932. El Partido Corporativo Popular de Oscar Álvarez Andrews en 1934. La Falange Nacional de Eduardo Frei Montalba y Gabriel Valdés Subercasseaux en 1935. Todos de carácter nacionalista corporativo, aunque el PSS, el PCP y la Falange asumen el social cristianismo como forma política del corporativismo. El MNS, de mayor estructura y organización, con acción política en las calles y en el Parlamento adquirió mayor presencia. Tuvo tres diputados. Después de la Masacre del Seguro Obrero, en 1938, apoyó la candidatura de Pedro Aguirre Cerda del Frente Popular y cambió su nombre a Vanguardia Popular Socialista, lo que no fue seguido por Carlos Keller Ruef y otros varios militantes. La Vanguardia Popular Socialista se disolvió en 1942. La Falange Nacional sigue a la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera. Provenía del Partido Conservador. Derivó a la Democracia Cristiana. Ha tenido tres Presidentes de la República: Eduardo Frei Montalba, Patricio Aylwin Azócar y Eduardo Frei RuizTagle. Clotario Blest derivó, sin dejar de lado el catolicismo, a la izquierda revolucionaria, Jorge González derivó al liberalismo y Óscar Álvarez al nacional sindicalismo chileno. Jorge González von Mareés, de profesión abogado, fue Alcalde de Ñuñoa. Su mayor aporte legislativo fue lograr la aprobación de la ley que establecía un impuesto a las exportaciones de cobre, para financiar la reconstrucción de los daños generados por terremoto de Chillán en 1939. El cobre era entonces de propiedad norteamericana y estaba protegido por leyes de guerra. El resto de los parlamentarios y sus partidos no se atrevían a hacerlo. En 1958 se retiró del Partido Liberal, del cual llegó a ser Secretario General. Autores de obras de historia señalan que el Coronel(R) Caupolicán Clavel servía de nexo entre el MNS y el Ejército. Carlos Vergara Montero y Carlos Sáez, militares nacionalistas, se hicieron presente en misa por los caídos en el Seguro Obrero. En 1940 el General Ariosto Herrera Ramírez junto a Guillermo Izquierdo Araya forman el Movimiento Nacionalista de Chile de pensamiento corporativo. Guillermo Izquierdo Araya, profesor de historia y abogado, es un connotado corporativista. La obra El Siglo del Corporativismo (1934) de Mijail Manoilescu ha circulado en Chile desde 1941 traducida y publicada por Hernán García Huidobro. Manoilescu fue un ingeniero, escritor y político que publicó 11 libros entre 1919 y 1934. Militó en el nacionalismo corporativo rumano. También fueron corporativistas el dirigente e intelectual socialista Clodomiro Almeyda Medina, el ex Ministro Juan Gómez Milla y el ex Rector de la Universidad de Chile Eugenio González Rojas. Luego vino la Acción Chilena Anticomunista, ACHA, de Jorge Prat Echaurren y Raúl Marín Balmaceda. Se declaraba nacionalista, corporativa y anticomunista. Jorge Prat Echaurren con Jorge Fontaine Aldunate crearon en 1946 la Revista Estanquero. Ramón Callís Arrigorriaga y Gastón Acuña MacLean crearon en 1947 la Revista Bandera Negra, cuyo último número se publicó en 1973, antes del cambio de gobierno. El Presidente Gabriel González Videla, influido por el corporativismo, afirmaba que una parte del Senado podría ser llenado por los grandes organismos gremiales como la Cámara de Comercio, la Sociedad de Agricultura, la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad de Minería, Federaciones Obreras, Asociaciones de Empleados Públicos y Asociaciones de Empleados Particulares. Propuestas similares hizo después el Presidente Jorge Alessandri Rodríguez. El corporativismo civil perseguía una renovación de los cuadros de la élite política tradicional. Tuvieron una concepción política patriótica, social y autoritaria. EL SINDICATO NACIONAL SINDICALISTA El nacional sindicalismo chileno ha realizado múltiples trabajos sobre el sindicato como cuerpo social de la nación que representa a los trabajadores en el proceso productivo y en la convivencia social. En lo principal ubica la acción productiva del trabajo en lo valórico como bien y como forma de vida. Promueve para la vida del trabajo cinco principios: autoridad, jerarquía, participación, ética e intervención del estado. Por los tres primeros somete la decisión de los asuntos del trabajo a la autoridad del estado exigiendo la aceptación de la categoría jerárquica que le corresponde, por derecho de función, a sindicatos y gremios en el proceso de producción que demanda la convivencia. Esta decisión está condicionada a la participación de los trabajadores, a través de sus propios organismos sociales, en las unidades productivas de bienes y servicios y en la institucionalidad del estado. Es fundamental ampliar el acceso a la negociación colectiva en las empresas que debe ser una herramienta eficaz para lograr la realización de las legítimas aspiraciones de los trabajadores. El principio ético sirve como medio armonizador y moralizador de toda la organización laboral y de los trabajadores. Otorga un sentido humano a la vida del trabajo, por sobre el concepto abstracto de la producción. Privilegia el trabajo antes que el capital. Pretende, además, la hermandad y el sentido social de los productores a través de los valores corporativos, y reconoce el cumplimiento de la función social y económica del estado en el establecimiento de normas de las relaciones laborales y la distribución de la riqueza. Contribuye a dar al trabajo una calidad jurídica como derecho y como deber. Con todo lo anterior se puede expresar que el estado, a través del sindicato, cuidará de conocer si las condiciones económicas y de todo orden en que se realiza el trabajo son las que en justicia corresponden al trabajador. Es necesario reiterar los conceptos de libertad, autonomía y participación que son propios de los cuerpos sociales. El principio de intervención del gobierno en los asuntos del trabajo, permite establecer que las condiciones del trabajo deben ser reguladas y garantizadas por el estado, a través de fueros y códigos laborales con fuerza de ley. El gobierno fija las remuneraciones mínimas y los subsidios. Establece normas para la capacitación y el empleo. Hace posible la creación de un sistema de pensiones y de salud para los trabajadores. El sindicato, a través de la negociación colectiva, debe lograr el acceso de los trabajadores a la propiedad de la empresa. No se debe olvidar que, para los trabajadores nacionalsindicalistas, el estado es el realizador de la justicia. Para ellos la mejor distribución de la riqueza se logra con salarios justos. En Chile se requiere más poder para los sindicatos. LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS En reiteradas oportunidades nos hemos referido a la democracia de partidos como forma política liberal que da superestructura legal al capitalismo liberal, hoy superado por el llamado neoliberalismo norteamericano y su economía de especulación financiera, que a diferencia del liberalismo clásico introduce el concepto de la sobrevivencia de los sectores vulnerables, a través de políticas públicas, y que privilegia al sector financiero postergando a los productores. Esta democracia de partidos carece de representación para la realización de sus “funciones” y desconoce la legítima soberanía social de familias, municipios, provincias, regiones, sindicatos, universidades, iglesias y cuerpos armados permanentes que se expresan, por ausencia de instrumentos de participación, a través de fuerzas de naturaleza social y territorial que se manifiestan por movimientos sociales circunstanciales que persisten, en su movilización, hasta lograr sus objetivos y restablecer los equilibrios que garanticen la paz social y el orden público. La democracia de partidos pretende ser un gobierno del pueblo, pero a través de representantes políticos de los partidos. Es una democracia para los partidos políticos. Es una democracia liberal. Según el cientista político Carlos Hunneus Madge los partidos políticos cumplen múltiples funciones de apoyo a su legitimación: moviliza a los ciudadanos en las luchas electorales, ayudan al reclutamiento de los altos funcionarios del gobierno, sus directivas intervienen en la formulación de las políticas públicas y ayudan a la comunicación entre los dirigentes y los ciudadanos, entregando las demandas de éstos al sistema político. Entre el fortalecimiento del sistema de partidos y la democracia existe una simbiosis: el desarrollo democrático, a través de elecciones periódicas, fortalece la institucionalización de los partidos, mientras, a su vez, el buen estado de éstos constituye un factor que ayuda a la consolidación del orden pluralista. Nuestro primer cuestionamiento es que más importante que la pluralidad de partidos es la pluralidad institucional de la nación. La designación de altos funcionarios del gobierno y la formulación de políticas públicas no requieren de los partidos. Más valen los concursos públicos con exigencias de conocimientos y experiencias y la contratación de organismos especializados en estudios sobre políticas específicas, sea por parte de los gobiernos o por instrumentos de participación como el Consejo Económico Social. El problema de los partidos es que sirven sus propios intereses de poder lo cual los impulsa a transformarse en grupos permanentes de poder político. La democracia de partidos ha sido históricamente incapaz de resolver los problemas que afectan a la convivencia. Lleva en forma intrínseca la división, la lucha ideológica, la ingobernabilidad y la anarquía. Fue, debido a estos dos últimos factores, causa principal de la ruptura institucional en 1973, por el intento de establecer un régimen socialista al estilo cubano. Su restauración, por la dualidad liberal socialista, ha comenzado a generar problemas a los chilenos. Para el nacional sindicalismo los llamados partidos deben ser circunstanciales y no permanentes. Deben representar aspectos doctrinarios, no ideológicos, acerca de la convivencia, la economía, el conocimiento de la realidad del entorno, como universo, como naturaleza y como vida, los principios y valores de la nación, la historia y la cultura. Deben estar al servicio de las personas y de la comunidad nacional. Deben cultivar un eficaz realismo y un sano pragmatismo que impida la formación de dogmatismos institucionales. Las funciones que señala el señor Hunneus no legitiman la existencia de los partidos. Sólo a la democracia de partidos que es una forma política liberal. Lo importante es legitimar la representación de la soberanía que se ejerce en la nación y en el estado. De allí emerge el poder social y el poder político. La soberanía social y la soberanía política. La soberanía social se realiza a través de los cuerpos sociales permanentes de la nación y agrupaciones circunstanciales de diversos orígenes como son las organizaciones no gubernamentales, ONG, fundaciones, clubes, centros culturales, corporaciones y asociaciones civiles de distinta naturaleza. La soberanía política se realiza a través del estado y sus instituciones, con énfasis en la forma de gobierno, los cuerpos legislativos y la organización para el ejercicio de la justicia. También tiene la misión de establecer una forma económica que garantice la integración de todos en el proceso productivo, el destino universal de los bienes y la participación de todos en los beneficios del desarrollo. Debe dar espacio a la libertad, la dignidad y a la justicia. Al poder político le es propia la autoridad, el orden y la jerarquía. La autoridad dirige y toma decisiones que afectan la convivencia social, política, económica y cultural de la nación. Tiene el derecho de mandar y el derecho de hacerse obedecer. El orden es el sistema institucional de convivencia y la jerarquía establece reconocimientos valóricos en las personas y en las instituciones. Si los partidos se hacen permanentes, y no lo son, se transforman en grupos de poder e influencias que resuelven según sus propias conveniencias cómo seguir siendo parte del poder político del estado. La representación y la participación ciudadana sólo se manifiesta en los períodos electorales, pero no existe vinculación entre los elegidos y la ciudadanía. Hoy se trata de ampliar la representación y la participación a través de la inscripción electoral automática y votación voluntaria, para dar mayor sustentación al sistema político, pues el cuerpo electoral está demasiado envejecido por la ausencia de las nuevas generaciones juveniles que superan los cuatro millones de personas, lo que pone en riesgo la legitimidad del sistema. Además se introducen las elecciones primarias para elegir candidatos a alcaldes, parlamentarios y jefes de estado, con el fin de dar mayor consistencia a la participación ciudadana en la designación de candidatos. Por supuesto que los candidatos los designan las fuerzas políticas. Son voluntarias para no afectar la vida interna de los partidos. Las izquierdas responden con llamados a Asamblea Constituyente, con lo que quitan legitimidad al orden institucional que rige en la república, orden que ellos mismos forjaron con la dualidad liberal socialista que ha gobernado la nación. La propuesta de elegir a gobernadores provinciales e intendentes regionales no es consistente. Más contundente es incorporar a los consejos provinciales y regionales a los cuerpos sociales. Lo mismo debe ocurrir en los municipios y en los ministerios. No se atreven a introducir los plebiscitos revocatorios que son propios de los gobiernos populistas de contenido social, estatal y caudillista que se han creado en Iberoamérica. Prefieren el sistema binominal para asegurar representación, dominio y poder, postergando a nuevas fuerzas políticas e independientes. En nuestros días la auténtica representación se manifiesta en los movimientos sociales generados en los cuerpos sociales de la nación. La participación social es nula en la democracia de partidos. Sólo existe participación electoral individual. La democracia de partidos, considera al hombre aislado de su entorno social. Lo considera como un hombre simple de vida, sin cualificación valórica. Cuando se habla de democracia de partidos, el nacionalismo prefiere hablar de democracia funcional, jerárquica y comunitaria, con autoridad en el gobierno, regulada por la ley y la participación social plena, como garantía de los derechos y del desarrollo integral de la nación. Por ahora proclamamos la restauración del Consejo Económico Social y de la Escuela Sindical de Chile como organismo público dotado de autonomía. La puesta en marcha del Consejo Nacional del Trabajo y la revisión y perfeccionamiento del Estatuto Social de la Empresa. ELECCIONES MUNICIPALES Las elecciones municipales del 28 de octubre mostraron que la democracia liberal no representa a los chilenos. De 13. 500. 000 electores sólo votaron cerca de 5.500.000 ciudadanos del padrón electoral. De los votos emitidos la UDI obtuvo el 17,2 %, RN le siguió con 15,8%. La DC logró 15,4%, el PS 12,3%, el PPD 9,9%, PRSD 5,6%. El PC alcanzó el 6,6%. La Concertación ganó en alcaldes, 48% contra 37%, y en concejales, 49,8% contra 33,1%. La Coalición por el Cambio, oficialista, fue derrotada. No convenció a los electores. La ausencia de participación en la gestión de gobierno se había manifestado por movimientos sociales y también por sectores nacionalistas, militares en retiro y familiares de procesados y condenados que pertenecieron a las fuerzas armadas. Los resultados permiten afirmar que autoridades elegidas no son del todo representativas y, en cierto modo, carecen de legitimidad. Este es un desafío para la clase política en vista de la elección presidencial que se avecina. El Presidente de la República debe tener respaldo ciudadano. La Concertación ya sabe que debe incorporar al PC a sus estructuras y reiterar su posición izquierdista, para ganar elecciones. Con todo les falta el ex diputado socialista, Marcos Enríquez Ominami, que dirige al PRO. La Coalición por el Cambio debe observar más allá de sus formaciones políticas, pues existen amplios sectores nacionalistas y organizaciones sociales que se identifican con principios y valores del gobierno militar. Sin ellos pierde. Las advertencias fueron manifestadas por organizaciones “pinochetistas” y por el diputado Urrutia. El acto en el Caupolicán en junio pasado fue una alerta que fue desoída por el Presidente Sebastián Piñera y su equipo de gobierno. Es bueno saber que nuestros análisis tienen correlato en la vida ciudadana. Los nacionalistas no somos Homo Sacer, no somos hombres de vida simple. Tenemos cualidades valóricas y estamos siempre dispuestos a servir a Chile y a su pueblo. Homo Sacer es una figura del derecho romano arcaico en que la vida humana se incluye en el orden jurídico únicamente bajo la forma de exclusión, es decir, de la posibilidad absoluta de que cualquiera que persiga, atente o mate a estas personas no es responsable jurídico ni penable por dicha acción aniquiladora. Debemos buscar la convergencia y permanecer unidos. Debemos enriquecer nuestras ideas y propuestas. Debemos ser capaces de lograr mayor influencia en el poder político del estado, desde nuestras propias fuerzas sociales corporativas.